LOS MEGAPROYECTOS MINEROS

Todos los involucrados en el desarrollo de los megaproyectos mineros conocen que existen cuatro escenarios que deben superarse, a saber:

1.    Técnico-Económico

2.    Terreno Superficial

3.    Situación Ambiental

4.    Situación Social.

1.    TÉCNICO-ECONÓMICO

Los problemas técnicos y económicos se han resuelto tradicionalmente con un estudio de factibilidad que concluye con un flujo de caja financiero que permite estimar la rentabilidad del proyecto. En función de las reservas de mineral encontrado, los precios de los metales, los análisis de sensibilidad y las aspiraciones de los inversionistas, se identificará la mejor estructura financiera para cada proyecto. Estos estudios son clásicos y cualquier firma de consultoría nacional o extranjera se encuentra en condiciones de llevarlos a cabo. La calidad del estudio está definida por el tratamiento de los datos que ingresan al flujo de caja. Esta labor depende en un 80% de las características del sujeto empresarial y un 20% de la vocación minera del Estado, que haya decidido invertir en procedimientos de titulación simples y transparentes y también en la recolección de información básica del territorio (como cartas geográficas, catastro, geología, geofísica, aerofotografías, imágenes satelitales, meteorología, etc,) que faciliten el desarrollo de las necesarias labores de exploración minera. Esta fase puede estimarse con un 90% de certidumbre en su cronograma y su estimado de inversión (Inicial y de Operación) .

2.    TERRENO SUPERFICIAL

Existen dos condiciones que atentan contra una solución simple de este escenario:

a.    La escasa cultura de negocios de las comunidades nacionales caracterizada por un liderazgo errático e inestable, que dificulta llegar a contratos sólidos, equitativos y duraderos. Elevar la cultura organizacional de nuestras comunidades, es tal vez, el “talón de aquiles” de nuestra historia, ya que es un legado colonial que no solo se mantiene, sino que, en muchos casos, se ha profundizado. Para iniciar el camino que nos lleve a resolverlos o, por lo menos, mitigarlos es necesario ponerlo en agenda prioritaria a la hora de elaborar los presupuestos públicos anuales. 

b.    La falta de un catastro rural de tierras superficiales con coordenadas, que pueda correlacionarse con el catastro minero.

Hace un buen tiempo que tanto Cofopri como el PETT (Programa Especial de Titulación de Tierras) están encargados de esta labor, por lo que habría que mejorar su desempeño en un programa de reingeniería que permita tener un catastro superficial decente en un lapso de cinco años.

A pesar de estar debidamente identificados, estos problemas no han podido contar con el suficiente apoyo político para avanzar en su solución.  Ambas barreras pueden revertirse asignándoles los programas de trabajo, los cronogramas, y las partidas presupuestales del tesoro público correspondientes ya que existen los recursos humanos requeridos para hacer una magnífica labor. Esta tarea es uno de los desafíos fundamentales del Ministerio de Cultura, que parece no ha merecido la debida atención de sus líderes.

Mientras tanto, la nación sufre esta deficiencia que dificulta llegar a los necesarios consensos requeridos por los negocios privados de las industrias extractivas.

3.    SITUACIÓN AMBIENTAL

Si queremos acelerar nuestro desarrollo económico, tendremos que tomar la decisión de priorizar y facilitar la inversión en los prospectos mineros de interés. No hay ninguna otra actividad productiva que pueda rendir los resultados espectaculares que nuestra situación de subdesarrollo requiere. 

Una medida de promoción efectiva sería la de conceder la licencia ambiental con solo dos documentos:

a.    Un diagrama de flujo balanceado de productos comerciales y de residuos parciales y totales.  

b.     Un diseño, a nivel de ingeniería básica, de las plantas de tratamiento de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que garanticen que los eventuales vertimientos a las fuentes originales, estén siempre por debajo de los límites máximos permisibles, los mismos que deberán ser revisados y actualizados a nivel nacional. Los estudios que determinen los impactos a los cursos de agua, a la atmósfera—que garanticen el aire limpio—y aquellos dirigidos a proteger los ecosistemas deben ser de responsabilidad pública, siendo el monitoreo y mantenimiento de las medidas pertinentes de responsabilidad comunal y empresarial.

Estos cambios orientados a priorizar la lucha contra la pobreza deberán ser normativos. El Ministerio del Ambiente debería priorizar su tarea en la defensa de los recursos ambientales (los ecosistemas ) difundiendo la cultura de cuidado ambiental comenzando con la limpieza de cauces fluviales y de los recursos de flujo infinito como son la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la energía de las mareas, dejando la gestión pública de los recursos que requieren inversión y laboreo, bajo la circunscripción de los Ministerios de la Producción (Agricultura, Pesquería, Minas).

El desarrollo sostenible de la nación demanda que tanto el desarrollo como la sostenibilidad tengan igual prioridad en las decisiones públicas.  

4.    SITUACIÓN SOCIAL

Es indudable que los fracasos experimentados reiteradamente en la tramitación social de los megaproyectos mineros, amerita realizar un tratamiento más exhaustivo de este problema que trata de superar ciclos de crecimiento mundial en que ha prevalecido el modelo colonial y neocolonial. Es una realidad que el problema de fondo está dominado por el “Choque de Civilizaciones” (Samuel Huntington, 2 000), catalizado por el auge de la tecnología de las comunicaciones, por lo que el Estado debería tomar la iniciativa hacia la solución. 

“Huntington demuestra que la occidentalización puede ayudar a la modernidad de algunos países, sin embargo, una vez que estos están en proceso de desarrollo, resurgirán los valores e identidades con una fuerza mayor. Por lo que las civilizaciones toman “prestadas” ciertas características de otras, las hacen suyas, adaptándolas a su propia forma de organización y a sus tradiciones culturales. La occidentalización sirve de “empujón” para que las demás civilizaciones comiencen a modernizarse sin perder sus rasgos culturales típicos que los caracterizan como Estado-Nación o civilización. Las civilizaciones deben de tomar lo que les conviene de Occidente, y desechar lo que amenace directamente a sus tradiciones autóctonas, que las hacen únicas de entre las demás”. 

Reconocida la ineficacia pública para emprender espontáneamente grandes cruzadas pacíficas de cambio cultural, no queda otro camino que encarar la licencia social con un fuerte sesgo empresarial privado. En la actualidad, existen empresas mineras multinacionales que ya han adoptado códigos de conducta con altas dosis de responsabilidad social que aceptan el reto de hacer minería balanceando los aspectos técnicos, económicos, de seguridad, sociales y ambientales. Es fundamental seguir este ejemplo, e inclusive mejorarlo. 

Para ello, cada megaproyecto minero deberá articular su estrategia para obtener la licencia social, elaborando un plan singular para cada localidad, y cada comunidad, siguiendo el método de prueba y error, ya que no existe modelo único en este contexto.

Se presume que es necesario que la empresa reconozca que su influencia técnica y económica debe dejar una huella imperecedera en los pueblos que la rodean. Entre otras, se cita los encadenamientos productivos, la capacitación de los jóvenes de la localidad, y la preocupación por mejorar los niveles de bienestar de las familias que conforman las comunidades. Una adecuada gestión privada debería ser capaz de promover también la activa y necesaria colaboración pública.

Es indudable que de esta forma será mucho más difícil realizar actividad minera, pero felizmente existe un gran potencial de recursos humanos, naturales y materiales, así como suficiente tecnología y economías de escala, para superar estas vallas que el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la humanidad demanda.

COLOFÓN

El escenario técnico económico está prácticamente resuelto. Solamente faltaría divulgarlo con mayor amplitud en las escalas pequeñas, para ayudar en los esfuerzos de formalización, que está dominado por el empirismo, y así tardará mucho tiempo en desarrollarse a los niveles de seguridad, rentabilidad y cuidado ambiental al que se aspira llegar.

En la interrelación con la propiedad superficial, se postula que debe avanzarse con el catastro superficial, de tal manera de resolver los problemas entre los mismos propietarios de los lotes superficiales incluyendo a los comuneros, los privados, y el propio estado (terrenos eriazos), para estar en condiciones luego de facilitar las negociaciones con los propietarios de los recursos minerales.  

En el escenario de cuidado ambiental, se requiere insistir que los nuevos tiempos demandan el desarrollo sostenible, caracterizado por una igual ponderación de los emprendimientos económicos y las acciones de protección del planeta. Para ello, es fundamental aceptar que el desarrollo tecnológico es capaz de conciliar ambos objetivos. No es viable para ello, la adopción de posturas radicales de explotar los recursos sin cuidar el entorno, ni cuidar el entorno sin desarrollo económico. En lugar de establecer áreas de ordenamiento territorial, debemos trabajar en establecer áreas de desarrollo territorial.

Tal vez el escenario social sea el más difícil de superar, ya que las etapas de solución del problema son cualitativas y pertenecen al verdadero avance de la humanidad, al llevar a la realidad el principio del respeto mutuo entre los diferentes grupos humanos que conforman la nación. La meta de gozar todos de bienestar manteniendo cada grupo sus raíces culturales y cosmovisión es quijotesca, pero vale la pena intentarlo.

Es muy probable que las licencias de construcción de los megaproyectos mineros requieran de cuatro estudios de factibilidad, cada uno con sus propias especificaciones, presupuesto y cronograma.