MEJORANDO EL SECTOR PUBLICO PRODUCTIVO

Para que el Perú mejore, su sector público tiene que mejorar.

Organizacionalmente, el sector público tiene una deficiencia que nace de un proceso gerencial virtuoso representado por el “debido proceso” diseñado para acabar con las arbitrariedades y abusos de directivos y clientes viciosos. Un procedimiento bien intencionado, que llevado al extremo, se ha convertido en una real limitación para los directivos creativos e innovadores. 

El debido proceso desarrolla los procedimientos que deben seguirse para resolver los problemas que surgen en la administración pública, de tal forma de eliminar cualquier discrecionalidad de los directivos, dando origen a la conocida tendencia de estandarización de los procedimientos. Debido a la ley del menor esfuerzo que rige la conducta humana y a la imposibilidad de desarrollar alternativas de solución para todos los problemas humanos que pueden presentarse, se ha generado un comportamiento general de tramitar—positiva o negativamente—solo aquello que esté expresamente desarrollado; postergando todo aquello que no esté debidamente cubierto por el procedimiento. Nace entonces la famosa tramitología que recrea convenios, contratos, reglamentos o adendas complementarias, que llega a tener ribetes de enfermedad crónica, y que está sofocando todo esfuerzo productivo grande o pequeño, público o privado. 

El modelo de economía social de mercado que hemos escogido para promover nuestro bienestar demanda que las fuerzas emprendedoras (grandes y pequeñas) sean puestas en libertad para que el ingenio humano natural se desborde y la economía en su conjunto no caiga en recesión. 

Por otro lado, es precepto generalmente aceptado que la tecnología es uno de los principales motores del cambio y progreso, razón por la que las decisiones referidas a los negocios públicos deberían adoptarse no solamente porque responden al debido proceso legal, sino también porque poseen argumentos técnicos sólidos. Sin embargo, en el sector público, no se presta mucha atención a ponderar las verdades técnicas y científicas en el proceso de toma de decisiones. Para superar este desdén tecnológico, en el sector público militar, se adopta la obediencia jerárquica a plenitud; pero en el sector público civil, está vedado no solamente “salirse de la caja”, sino que además se ha fortalecido a los niveles jerárquicos inferiores (la burocracia) que sobreponen siempre su interés particular sobre todo interés público, convirtiéndose, en la práctica, en otro poder del estado. Este cambio cultural es el foco específico del problema.

Se necesita un cambio sustantivo en el ordenamiento del aparato público. Se sugiere tomar dos acciones en forma conjunta:

1. Que los debidos procesos incluyan en su elaboración no solamente principios de jurisprudencia (precedencia de normas legales), sino también principios técnicos.  Newton, Pitágoras, Arquímedes, Faraday, y la ley general de gases, entre otras leyes naturales, también deberían ser sujetos de dogma administrativo. Para ello, la autoridad tecnológica nacional (Colegio de Ingenieros) debe tener activa participación en la elaboración de toda norma pública.
2. Incluir dentro de toda organización pública un equipo (compatible con la visión de la organización) cuya misión sea resolver todo asunto en forma discrecional, “pensando en grande y fuera de la caja”. Este organismo también sería el encargado de guiar a la institución por los caminos de la innovación y el desarrollo, que actualmente brilla por su ausencia en las organizaciones públicas. 

Se estima que estas acciones de carácter organizacional público pueden superar la disonancia de tener un sector privado dinámico y pujante, lleno de discrecionalidad, por un lado; y un sector público palúdico, lento, desacoplado de su rol promotor, y harto de no discrecionalidad; por otro.