La crítica tarea de tomar y rendir cuenta

Existen varios factores que inciden en la realización de una buena gestión institucional. Entre esos destaca una capacidad poco difundida que es la capacidad de “rendir cuenta” y de “tomar cuenta”. En este contexto, los trabajadores manuales e intelectuales, funcionarios y empleados, deben tener siempre claro a quien deben dar cuenta de su desempeño (performance) laboral. Además, es también importante que el encargado de “tomar cuenta” se halle a la altura de las circunstancias y ejerza su prerrogativa con eficacia.

En el sector privado este problema no necesita mucha aclaración porque generalmente la relación entre quienes deben “rendir cuenta” de sus actos y quienes deben “tomar cuenta” de los mismos queda implícita, por la misma naturaleza de la empresa. Sin embargo, es preciso recordar que detrás de los grandes fracasos empresariales se halla el hecho que en las grandes sociedades anónimas este importante elemento de gestión se ve relajado porque el dueño de la empresa es prácticamente inubicable y entonces el camino queda abierto para que algunos gerentes inescrupulosos piensen primero en su bienestar que en el de la empresa que los ha empleado para dirigir. Esta es una de las grandes debilidades de las grandes corporaciones en que la propiedad de la empresa se halla en manos “anónimas” que son siempre de difícil representación. En estas condiciones, las características personales de motivación y compromiso se ven significativamente afectadas, simplemente porque se carece del catalizador que conocemos como “el ojo del amo”.

Por otro lado, también es preciso recordar que la “eficiencia económica”, definida como la óptima utilización de los recursos, no se logra cuando se maximiza el beneficio privado, sino cuando los beneficios netos (ingresos menos costos) privados se igualan a los beneficios netos sociales, que constituye la principal justificación de la intervención del sector público en el mercado. Solamente en condiciones de mercado
”perfectas” la “mano invisible” puede hacer su trabajo sin ayuda de nadie. El Estado tiene que intervenir en el mercado para defenderlo de sus propias falencias. Tal y como un padre restringe la libertad del hijo para salvarlo de sus propias debilidades.

Esto se refrenda también con el conocido principio económico de “Mejora Potencial Pareto” que establece que la eficiencia en el uso de los recursos se logra cuando la magnitud de lo ganado por los beneficiarios es mayor que las pérdidas sufridas por los perjudicados, de tal manera que los primeros puedan compensar a los segundos. Puro sentido común. Queda claro que el problema fundamental es la apropiada identificación y medición de los beneficios netos, sobre todo si estos son intangibles como la educación, la seguridad, la equidad, el valor estético, etc.

Es en el sector público en que esta característica de “rendir y tomar cuenta” pasa casi desapercibida, siendo el origen de muchos problemas que impiden lograr que los clientes o usuarios, que son en realidad toda la sociedad civil, disfruten de un servicio de calidad. Como nadie puede ver al dueño, que en realidad es toda la nación, el requisito de “dar cuenta” se ve diluído y la prerrogativa de “tomar cuenta” no es reconocida en toda su dimensión. En algunos casos se nombran Directorios y “Junta de Accionistas” de las organizaciones públicas, pero estos carecen de la necesaria representatividad. En otras latitudes se nombran “Curadores” para superar este problema, como es el caso de las universidades públicas americanas que tienen su Junta de Curadores formada por representantes conspícuos de la sociedad civil, que son los que realmente eligen a la plana directiva profesional, incluyendo al Rector .

Sería posible imaginar que las Universidades Nacionales tuvieran su Junta de Curadores que fuera la encargada de “tomar cuentas” a toda la plana académica y administrativa de la institución, que en el Directorio del Hospital del Seguro Social se halle un representante de los enfermos (los ya recuperados naturalmente), que el Ministerio de Educación tuviera un Comité Consultivo con amplia representación de los padres de familia de los colegios nacionales, o que el Ministerio de Transportes tuviera un Comité Consultivo con amplia representación de los pasajero usuarios del transporte público, o que el Ministerio de Economía tuviera un Comité profesional representando a la sociedad civil que estuviera permanentemente velando por la distribución equitativa de los recursos públicos. Por lo menos la figura del que “toma cuentas” estaría más clara y los que tienen que “dar cuenta” no la tendrían tan fácil. Por supuesto que todo esto solamente es posible en un contexto en que los valores sean prioritarios, tales como la racionalidad, la transparencia, la motivación, y el compromiso. Estos principios no tienen ninguna relevancia en ambientes sórdidos.

Como la justicia, la capacidad de “tomar cuenta” debe ser oportuna, para aplicar la sanción a tiempo; severa, para que tenga la capacidad de corregir; y equitativa, para que la magnitud de la sanción sea compatible con la falla. A pesar de lo mucho que aspiramos a tener una ciudad limpia, sería desproporcionado aplicar la pena capital a los que ensucian las calles.

Es posible que la falta de eficacia de algunas organizaciones que han perdido “el tren de la eficacia y el progreso” se deba a un inadecuado proceso de “dar y tomar cuenta”, por lo que se recomienda realizar las modificaciones pertinentes en su esquema organizacional. Es muy posible también que mejorando este aspecto de “dar y tomar cuenta” se pueda superar significativamente la gran brecha social existente entre la sociedad civil y su sector público, que se supone debe organizarse en forma eficaz para brindarle los servicios que esta necesita para su desarrollo.