APUNTES SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD MINERA

XII CONGRESO DE MINERÍA 

El modelo económico que hemos adoptado para procurar el bienestar de toda la nación es la “economía social de mercado”, que establece roles específicos al sector público y al sector privado. Aprovechando la ambición de toda persona de ser y tener cada día más, se le asigna al sector privado la misión de generar riqueza. En este modelo se originan “fallas de mercado”, que es preciso embridar para que no causen daño a terceros no directamente involucrados en el proceso de generación de riqueza.  Hasta la fecha se ha podido identificar hasta cinco fallas del mercado que deben corregirse permanentemente para que el modelo de economía social de mercado alcance los objetivos deseados de generar la anhelada riqueza que beneficie a todos los ciudadanos. Estas son: desigual información entre los actores principales (oferta y demanda), falta de competencia (monopolios), inadecuada gestión de los bienes públicos, externalidades y la inconveniente participación estatal, que se produce cuando interfiere con las competencias asignadas al sector privado. 
A pesar que existen teorías (Ronald Coase, 1960) que sostienen que los propios privados deberían ser capaces de moderar estos efectos externos del modelo, ya que el mercado por si solo (la mano invisible) impulsará las condiciones que permitan una exitosa negociación entre el generador de la externalidad y la víctima, los peruanos hemos considerado adoptar la teoría de A.C. Pigou, 1938, que fundamenta la participación del estado para controlar las externalidades que genera el modelo. Reside en esta decisión la potestad del Estado para intervenir en el proceso productivo. 
Para monitorear estas externalidades, el estado tiene en cuenta que el uso eficiente de los recursos de una nación, se logra maximizando la diferencia entre el beneficio social y el costo social, y que la mano invisible del mercado no es capaz de generar el nivel de calidad ambiental que maximice el bienestar de la sociedad. Para ello, puede promover un comportamiento responsable mediante campañas de persuasión (fumar es dañino para la salud), controles directos mediante Límites Máximos Permisible, LMP, incentivos económicos (bonos de buen comportamiento), prevención de externalidades promoviendo y facilitando la aplicación de tecnologías limpias, y producción directa de medidas de calidad ambiental.
Se evidencian de esta manera los campos de acción complementarios entre los empresarios privados responsables de la generación de riqueza, y los funcionarios públicos responsables de controlar las fallas consubstanciales del modelo económico adoptado. Esta separación de funciones es importante porque se han dado casos de funcionarios públicos observando detalles de naturaleza productiva—dimensionamiento de equipos, diseños alternativos, especificación de materiales, etc—durante el ejercicio de sus funciones de revisión y control. 
Es impresión general del sector productivo que las medidas públicas de control de externalidades se han complicado tanto que han dado origen a una especialidad que se ha dado en llamar “tramitología”, que está dificultando alcanzar las metas nacionales de producción metálica. 
Creemos que esta realidad se puede simplificar sustantivamente si se adopta una relativamente sencilla herramienta conocida por todos los especialistas como el Diagrama de Flujo Balanceado. Este diagrama que es fundamental en todo estudio de factibilidad privado, puede adoptarse con singular éxito en el sector público para las etapas de permisos, y fiscalización operativa. 
Solicitamos ponderadamente que los directivos del sector ambiental nacional analicen los considerables beneficios que la adopción de esta herramienta—conocida por todos los funcionarios técnicos del sector privado y público—puedan significar en la necesaria coordinación de los permisos y actividades de fiscalización que el sector productivo anhela abrazar para beneficio de la minería.

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