LAS MINAS COMO POLO DE DESARROLLO

Todas las naciones aspiran al desarrollo, entendido este como aquel estado en que las diferencias económicas, sociales y culturales entre los ciudadanos son pequeñas. Diferencias siempre habrá, ya que, si bien todos debemos ser iguales en derechos, deberes y oportunidades ciudadanas, las diferencias genéticas y de instrucción, siempre existirán. Siempre coexistirán los astutos con los indolentes, los hábiles con los ineptos, los emprendedores con los indiferentes, los dinámicos con los apáticos. Esa es la naturaleza humana y eso es lo que no podemos cambiar. Lo que no es equitativo aceptar es que coexistan en forma superlativa, los manirrotos con los indigentes, los glotones con los famélicos, los aristócratas con los esclavos, los lozanos con los anémicos. Las grandes brechas ocasionan malestar y llevan a la confrontación, porque se hace visible el trato desigual que fácilmente se acoge como injusto. No existe nada más enervante que el trato injusto.   

Se postula que una de las grandes causas de las confrontaciones de la sociedad peruana se origina en las diferentes clases socioeconómicas existentes. Por esta razón, debemos tratar de reducir estas diferencias.

Histórica y geográficamente la Costa ha sido favorecida con un mayor desarrollo humano que la región andina y esta, a su vez, con un mayor desarrollo que la región amazónica. No existe región peruana con mayor profusión en riqueza mineral que la región andina; sin embargo, debido a su frágil desarrollo humano y social, la población andina ha sido objeto de un tratamiento político abusivo que ha rezagado su progresión de bienestar. La riqueza minera allí alojada ha sido aprovechada para impulsar la fortuna de España durante la época colonial, y la del neocolonialismo limeño que destinó groseramente los tributos mineros a propiciar la modernidad de la Costa peruana. Esta realidad también se experimentó con el guano y el salitre costeño de Perú y Bolivia, que alimentaron el apetito virulento de Chile.

Ha llegado la hora de que las minas peruanas—grandes y pequeñas—sean conducidas por el camino del desarrollo sostenible, en que las ganancias deben ir de la mano con el avance social y ambiental del entorno, de tal modo de evitar la incitante presencia simultánea de centros de opulencia rodeados de miseria humana. Es decir, la mina debe generar suficiente desarrollo económico para producir avance social y ambiental en la población vecina y en los ecosistemas contiguos.

Esto será posible con normas y reglamentos que induzcan a las grandes empresas mineras a integrarse con las poblaciones vecinas, y ayudando a las pequeñas a emplear suficiente tecnología—geológica, minera, metalúrgica y de comercialización—para llevar adelante minas que sigan los dictados del desarrollo sostenible. Paralelamente, será necesario adoptar racionales políticas de sinergia en la inversión de los tributos mineros—derecho de vigencia, canon, regalías—para que la infraestructura privada requerida por la mina, complemente la indispensable infraestructura pública local y regional.

Un Estado comprometido con el desarrollo de los treinta millones de peruanos que utilice con un mínimo de talento los recursos humanos, naturales, y ambientales disponibles en el territorio, debe ser capaz de alinear los ideales privados, públicos e institucionales hacia el logro de este largamente—ya casi doscientos años—esperado objetivo. Las minas bien administradas por el dueño—el Estado—pueden y deben convertirse en polos de desarrollo nacional.