LAS TIERRAS SUPERFICIALES EN LOS PROYECTOS MINEROS

1. Análisis: 

Un análisis del  enfrentamiento  que se produce entre las empresas mineras y las comunidades de su entorno,  indica que las posibles motivaciones de este enfrentamiento son las siguientes: 

a        - Una profunda diferencia conceptual en la valoración del terreno superficial que cubre al yacimiento, por parte de los actores directos

           - Una inadecuada conceptualización del rol del Estado asumida por el propio Estado

Estos puntos de vista pueden explicarse así: 

1.1. La Empresa

El yacimiento fue encontrado gracias a la percepción minera de la empresa que arriesgó sus recursos para ubicar y luego dimensionar el yacimiento. Los comuneros no tuvieron participación en esta actividad, por lo que no les asiste derecho alguno a usufructuar de las utilidades que pudieran generarse por la futura explotación del yacimiento.  

Sin embargo, es necesario compensar adecuadamente a los que tengan que desplazarse y mudarse para permitir la explotación del yacimiento. 

La valoración del terreno superficial depende de su uso. Este puede ser agrícola, ganadero o dedicado a criar animales de corral pequeños tales como aves o cuyes. El Municipio correspondiente tiene esta valorización. 

Cualquier otro aporte adicional que pudiera aceptarse de la empresa dependerá de su buena voluntad.

1.2. La Comunidad

Al haberse  encontrado un importante yacimiento minero debajo de sus terrenos, la tierra superficial tendrá un valor adicional que deberá ser calculado por un organismo competente definido por la comunidad. Esta valorización deberá compensar el desarraigo que experimentará la comunidad por el despojo tangible de sus tierras y la alteración radical intangible de su medio de vida.

Esta participación comunal deberá ser coordinada con los organismos del Estado pertinentes.

1.3. El Estado

En esta confrontación, el Estado está obligado a intervenir porque es el dueño del recurso y porque necesita el apoyo de la empresa para financiar su deuda con la comunidad que fuera históricamente relegada en la distribución centralista del presupuesto público.

Es importante discutir previamente la metodología a seguirse.  Entre otros, el CIP considera que algunos de los siguientes procedimientos pueden aplicarse:

a.     Asignar un determinado porcentaje—debidamente examinado—de la rentabilidad del proyecto a la comunidad. Definido este porcentaje, se debe calcular los montos de Valor Presente y anuales que deben asignarse, considerando una tasa de descuento equivalente al crecimiento del Producto Bruto Interno (∆ PBI).

b.     Asumiendo que la inversión se aplica para superar los siete riesgos relevantes del proyecto, a saber, geológico, técnico, financiero, laboral, gerencial, ambiental (permisos y fiscalización) y social, es necesario ponderar los porcentajes asignados a superar cada uno de estos riesgos, de tal forma de identificar el monto asignado al riesgo social. Este monto constituirá el monto límite máximo de negociación entre la empresa y comunidad. En su condición de participante neutral,  el Estado deberá conducir esta negociación.

2.  Recomendaciones Complementarias:

2.1 Una condición previa será que la comunidad mejore sustantivamente sus procedimientos actuales de gobernabilidad, que han demostrado ser inadecuados para garantizar este tipo de negociaciones comerciales. Se sugiere la formación de empresas comunales debidamente constituidas e inscritas en los Registros Públicos, o Cooperativas. 

2.2. Por su ubicación estratégica en los rincones más apartados del territorio nacional, los megaproyectos mineros constituyen una poderosa herramienta pública de dinamización económica e inclusión social con las comunidades del entorno minero. Esto es tan importante para la nación peruana que se debe establecer que la gestión social de la empresa debe tener el mismo nivel jerárquico que la gestión tradicional del proyecto.  Esto sugiere que todos los futuros megaproyectos deben tener una gerencia adjunta, cuya misión será la de evitar que ocurran desavenencias sociales con las comunidades del entorno. Si sucedieran, significaría que dicha gerencia no cumplió con su objetivo. Tan censurable será entonces el gerente de proyectos que no cumple con el cronograma, el presupuesto y las especificaciones técnicas, como el gerente adjunto que permita la ocurrencia de conflictos sociales. Se entiende que la tarea del gerente adjunto será la de catalizar las actividades de consenso entre la empresa, la comunidad y los organismos del Estado con competencia en el desarrollo de la infraestructura local.