PROPUESTA DE PLAN DE GOBIERNO

SECTOR MINERO


1. LOS RECURSOS MINERALES

Su naturaleza de bienes públicos, determina que su aprovechamiento—dentro del modelo de libre mercado—debe beneficiar a toda la nación.  Esta premisa determina un replanteo para  el sector privado y el sector público del siglo 21 que deseen fortalecer dicho modelo. Las empresas deben aceptar que deben internalizar sus externalidades, para reducir su impacto negativo en las otras actividades y costumbres de la sociedad, y el Estado debe aceptar su importante rol corrector de las fallas del mercado, para lograr que los costos y beneficios públicos tiendan a igualar los costos y beneficios privados. Estas acciones son fundamentales para que el modelo de libre mercado sea aceptado por la sociedad. Tanto el Estado como los empresarios deben aceptar que, para prevalecer, los ofertantes y los demandantes deben “jugar limpio”. Sin embargo, tergiversadas intervenciones estatales pueden resultar siendo  medicinas peores que la enfermedad, por lo que es imprescindible prestar mucha importancia a los procesos generadores de normas públicas. Si el Estado (central, regional, local, comunal) se muestra obtuso, complaciente, o débil, el caos está “a la vuelta de la esquina”, no solamente en minería, sino en cualquier actividad industrial generadora de riqueza.

El bienestar de la actual civilización humana depende de la utilización de metales, por lo que tenemos que encontrar el camino que permita seguir extrayéndolos. El desarrollo sustentable que concilie los intereses económicos, sociales y ambientales es el camino conceptual a seguir. El desafío es llevar este desarrollo sustentable a la práctica. 

Afortunadamente, el Perú tiene yacimientos minerales para todos los gustos. Es misión del Estado conocer su potencial minero, clasificarlo y ponerlo a disposición de los estoicos empresarios mineros, quienes deben encargarse de buscar los yacimientos rentables. La inversión inicial de conocer el territorio es del Estado, por eso todas las organizaciones consagradas a dicho conocimiento deben integrarse, compartir  data y divulgarla debidamente procesada y catalogada. Con ese conocimiento inicial, los empresarios—grandes, medianos y pequeños—no tendrán dudas a la hora de decidir sus inversiones de riesgo. 

2.  LA ANARQUÍA

Así como la mala hierba y las enfermedades ganan la batalla al que se descuida, así mismo, la anarquía esta siempre al acecho para afectar a los grupos humanos complacientes. La tendencia natural de los seres humanos es al caos y al desorden. La gobernabilidad requiere disciplina, dedicación y liderazgo.

3. LAS NORMAS PÚBLICAS

Generalmente las normas se articulan para resolver problemas, pero son más útiles cuando se articulan para evitar la ocurrencia de los problemas.

Las normas representan guías que dentro de un determinado contexto sirven como apoyo al proceso de toma de decisiones. Constituyen un  programa de objetivos deseables de alcanzar y los medios para lograrlos.

La metodología para elaborar normas públicas es simple y tradicional, y vale la pena recordarla, porque muchas veces se obvia y el análisis termina siendo incompleto y la norma no resuelve el problema:

  1. Formulación del problema
  2. Selección de los criterios relevantes 
  3. Comparación de alternativas
  4. Selección de la mejor alternativa
  5. Identificación de restricciones (políticas u organizacionales)
  6. Implementación de la norma
  7. Evaluación de la efectividad de la norma, desde el punto de vista técnico, político y  de mercado.

En una economía de libre mercado existen tres fuerzas que se deben conciliar para obtener normas que consoliden el modelo: el mercado, la tecnología y la política.

El mercado busca la eficiencia en la utilización de los recursos utilizando las fuerzas de la oferta y la demanda (la mano invisible del mercado). Los mercados constituyen el motor de las economías de libre mercado, pero tienden a profundizar las desigualdades porque reconocen el poder de los que más tienen. No debe extrañar entonces que se concluya fácil y erróneamente que las multinacionales deben ser la opción preferida por su poder económico y tecnológico. Si se norma exclusivamente con las normas dictadas por las fuerzas del mercado, los ricos seguirían siendo más ricos y los pobres más pobres, ya que al mercado no le interesan los problemas derivados de la pobreza, la escasa infraestructura, la indigencia educativa o la exigua salud. Se deduce que el mercado no debe tenerse como referencia exclusiva a la hora de estructurar las normas que regulan el comportamiento de los participantes de toda actividad productiva.  

Por otro lado, el mercado es importante porque impulsa el instinto emprendedor e innovador de los empresarios amantes del riesgo. A los que prefieren seguir ejemplos exitosos, o caminos ya recorridos, el Estado debe ayudar a intentar proyectos de mediano riesgo con el objeto de dinamizar el sector empresarial privado. No es posible basar la expansión del modelo, solo en los pocos empresarios innatos y talentosos disponibles, que ciertamente no abundan en las sociedades eminentemente conservadoras del tercer mundo. En estas sociedades, al igual como en las del primer mundo, el Estado tiene un rol promotor empresarial que es fundamental para la consolidación del modelo. Así se comprueba con los exitosas organizaciones publicas como BBC en Gran Bretanha, Codelco en Chile, NASA y Silicon Valley en USA y los trascendentales hallazgos públicos que permitieron posteriormente el desarrollo privado de la TV, el teléfono celular, el Internet, Google, GPS, que dominan la vida de las nuevas generaciones.

La tecnología  busca la eficiencia de los procesos, dinamizándolos y evitando superposiciones y duplicidades. Lamentablemente, el sector público actual ha degradado la tecnología como criterio decisorio,  priorizando desmedidamente los aspectos legales y político-sociales. Sin embargo, no existe mejor guía para definir las estructuras organizacionales de las maquinarias productivas, que los aspectos técnicos de los procesos misionales, de apoyo, y de evaluación.

La política (la buena) busca la equidad en la utilización de los recursos y en la distribución de los beneficios. Por eso es que los mercados necesitan las bridas políticas que permitan obtener resultados más equitativos.

Sin dejar de lado el gran aporte económico de las multinacionales, el factor político debe introducir normas que prioricen también el desarrollo de la fuerza empresarial nativa. De este razonamiento nace la norma constitucional que establece promover a la pequeña empresa en todas sus modalidades, por lo que es necesario adoptar una posición política clara sobre la magnitud de la promoción que debe proporcionarse a  este grupo empresarial. Se ha pasado de un nivel máximo que antaño representó la Banca de Fomento, hasta un nivel extremadamente tímido actual, que restringe el crecimiento de prospectos realmente valiosos para la salud económica de la nación. Se percibe que adoptando planes de promoción más intensos, la producción de la pequeña empresa—entre ellas la minera—puede multiplicarse varias veces en el mediano plazo. 

Debido a la limitada cultura crediticia de los países del tercer mundo habrá que dejar de lado inicialmente el apoyo financiero a los pequeños empresarios, concentrándose activamente en combatir otras imperfecciones del mercado, como son la asimetría de información entre los actores de la actividad (difusión de data territorial), la capacitación y entrenamiento en aspectos operativos y empresariales, y la provisión de servicios (en geomensura, en pruebas metalúrgicas, mecánica de rocas y mecánica de suelos) , ensayos (muestreo y ensayes de propiedades físicas y químicas) y elaboración de estudios (geológicos, de línea base ambiental, diagramas de flujo balanceados, impacto ambiental, balance de agua, de factibilidad, etc.).

Un ejemplo disonante es la metalurgia del oro, en la que todos los conocedores saben que es posible adoptar una tecnología limpia sin mercurio ni cianuro, pero que los privados no adoptan industrialmente sin tener todas las variables definidas a nivel de planta piloto (50 -100 tons/dia de mineral de cabeza). Si el Estado—con un espíritu promotor del que actualmente carece—muestra el camino a seguir, muchos de los problemas sociales derivados de una metalurgia trasnochada podrían estar hace tiempo resueltos.

4. LA PROMOCIÓN ESTATAL

Los empresarios constituyen la esencia del modelo de libre mercado, razón por la cual deben merecer especial preocupación por parte del Estado.  Sin empresarios no hay modelo.  Existen dos clases de empresarios capaces de dinamizar las economías de libre mercado: las grandes empresas multinacionales y los pequeños empresarios locales. Las grandes empresas tienen que ser convenientemente fiscalizadas por su tendencia a replicar la triste historia de la época colonial, y las pequeñas empresas tienen que ser apoyadas para que lleguen a ser competitivas en el complejo mundo del mercado. A la par que las personas naturales, las personas jurídicas también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los países deben tener normas que consideren el apoyo a sus pequeñas empresas para que puedan tener un prolongado ciclo vital. Aunque no imposible, el éxito espontáneo, sin asistencia, de las pequeñas empresas es intrincado. 

Uno de los indicadores importantes de la eficacia gubernamental, lo constituye la cantidad y calidad de sus empresarios, por lo que sustentar y fortalecer la fuerza empresarial es una cardinal decisión política. En los llamados países emergentes se destaca su refinada política de amparo al crecimiento empresarial nativo, comenzando por la entrega de información básica, seguida de programas de capacitación y monitoreo del progreso empresarial concluyendo con el financiamiento de estudios primero, y finalmente de servicios, bienes, y obras. 

Un proyecto exitoso por cada diez fracasos es una proporción plausible en el mundo empresarial, por lo que es imprescindible adoptar este criterio al fijar las políticas de apoyo empresarial. Si se teme o se penaliza el fracaso, no hay política de promoción. 

La actividad minera se caracteriza por tener riesgos superiores a otros sectores económicos, por lo que debe concentrarse inicialmente en facilitar la mayor información y capacitación posible a nivel nacional. Será necesario hacer alianzas con Universidades y otras organizaciones del sector minero para ser eficaces en la cobertura de todos los niveles empresariales, profesionales y laborales. Dependiendo del desempeño de esta primera etapa que debe tener una duración de dos a cinco años, se podrá pensar en intervenir gradual y escrupulosamente en la aleatoria actividad financiera de la pequeña empresa.

5. EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Nos encontramos en un período de transición en el desarrollo de la humanidad, en el que estamos pasando de un período de siglos de duración, en el que era natural que existieran ganadores y perdedores—como la colonia y la esclavitud, el capitalismo salvaje y el trabajo forzado—a un período en el que intentamos que todos resulten ganadores, y no existan agresores y victimas. Ese es el mensaje de fondo de los movimientos basados en el desarrollo sostenible. Esto supone un choque de las civilizaciones involucradas, en las que por un lado se procura la reducción de de las brechas económicas, culturales y sociales mediante el desarrollo productivo y la generación de riqueza, y por el otro, se propugna superar un pasado social histórico que es considerado injusto e infame. 

Este choque de civilizaciones está en el fondo de todo proyecto productivo que se desarrolla en zonas históricamente abandonadas del territorio.  Por un lado, las empresas con amplio despliegue tecnológico y financiero, y por el otro, comunidades  rezagadas  y confundidas por el impacto positivo o negativo que este acontecimiento pueda causarles.

El desarrollo sostenible dispone que todos deban salir ganadores de esta experiencia. El rol que le compete entonces al tercer gran participante, que es el Estado, es el de actuar con talento, sensibilidad y persuasión para lograr el desarrollo exitoso del emprendimiento productivo. 

Conciliar el accionar de  empresas y comunidades es el reto fundamental que debe afrontar el Estado para ser capaz de impulsar proyectos mineros que aporten desarrollo sostenible a la región y al país.

6. LAS COMUNIDADES

Los grupos humanos son incoherentes porque cada persona tiende a priorizar sus intereses personales a los intereses del grupo, y porque la formación en valores es lánguida. La generosidad, la solidaridad y el compromiso brillan las más de las veces por su ausencia.

A pesar que en los momentos de crisis, las comunidades pueden actuar como una masa unificada y coherente, debemos tener en cuenta que en condiciones normales—de paz—sus componentes pueden llegar a clasificarse en los siguientes subgrupos: 
a) Los aspirantes, que pueden adecuarse muy rápidamente al “Estado de Derecho”, porque se han convencido que ese mundo los puede acoger si hacen los meritos suficientes. Son los buenos de la película, que felizmente existen en forma natural en todas partes del planeta.
b) Los resentidos, que son aquellos que señalan a las elites de turno como los herederos de los históricos patrones causantes de todas sus desdichas y miserias. Razón no les falta, así que este grupo requiere altas dosis de tratamiento especializado (¿coaching?) antes de pagarles con su propia moneda: la violencia;  
c) Los indiferentes, que son aquellos que viven de acuerdo al “el son que les tocan”.  

Los primeros, pueden ser hasta el 50% de la masa total, que constituye el grupo objetivo de toda actividad socialmente integradora. Los segundos son rebeldes y sediciosos y son, en número,  entre 10% y 20% de cada comunidad. Los terceros, pueden constituir hasta el 30% de la comunidad y son presa fácil de cualquiera de los dos grupos extremos. 

Los “resentidos” tienen una sustantiva fuente de apoyo en las enseñanzas de toda una generación intelectual que floreció en el siglo pasado, liderada por ilustres pensadores, entre los que destacan, entre otros,  Manuel Gonzáles Prada, José María Arguedas, J. C. Mariategui, Manuel Scorza, César Vallejo, Javier Heraud y Haya de la Torre. El siguiente verso de M. Gonzales Prada es una muestra manifiesta de la influencia intuitiva de dicha notable generación estudiosa de la sociedad peruana:   

--“Hijo, parto: la mañana
reverbera en el volcán;
dame el báculo de chonta,
las sandalias de jaguar”.

--“Padre, tienes las sandalias,
tienes el báculo ya;
mas, ¿por qué me ves y lloras?
¿a qué regiones te vas?”

--“La injusta ley de los Blancos
me arrebata del hogar:
voy al trabajo y al hambre,
voy a la mina fatal”.

“Tú que partes hoy en día,
dime, ¿cuándo volverás?”
“Cuando el llama de las punas
ame el desierto arenal”.

--“¿Cuándo el llama de las punas
las arenas amará?”
--“Cuando el tigre de los bosques
beba en las aguas del mar”.

---“¿Cuándo el tigre de los bosques
en los mares beberá?”
--“Cuando del huevo de un cóndor
nazca la sierpe mortal”.

--“¿Cuándo del huevo de un cóndor
una sierpe nacerá?”
--“Cuando el pecho de los Blancos
se conmueva de piedad”.

--“¿Cuándo el pecho de los Blancos
piadoso y tierno será?”
--“Hijo, el pecho de los Blancos
no se conmueve jamás”.

 7.  LA PEQUEÑA MINERÍA

Existe un significativo grupo de pequeños mineros—más o menos cien mil, que con el factor multiplicador y sus familiares, hacen un aproximado de un millón de peruanos—que dependen de esta actividad económica.  

Como toda pequeña empresa, la pequeña minería es una actividad importante en el desarrollo económico de los países del tercer mundo, en especial de los países exportadores de materias primas (commodities) porque libera el exiguo espíritu empresarial, ayuda a superar el desempleo, favorece la conquista del territorio y genera desarrollo nativo, que es simbiótico, a diferencia del desarrollo basado en el capital extranjero, que es parasitario. 

Existe una normatividad que regula esta actividad, a la que menos de 1% ha podido acceder. La formalización de los mineros está estancada porque las normas de formalización no tienen en cuenta su realidad. Están diseñadas de tal manera que su cumplimiento es inasequible técnica o financieramente. Si el objetivo no es formalizar, sino retardar su propagación, entonces la orientación es mantener el “statu quo” que puede ser conveniente para unos pocos, pero inconveniente para la mayoría.

En este déficit de cumplimiento de las normas de formalización caben las siguientes dos suposiciones alternativas y excluyentes:
 ·      Las  normas que se aplican son demasiado exigentes y complicadas, y por lo tanto, habría que revisarlas para llegar a articular una norma que sea simple, respete los derechos de terceros y cuide el ambiente. El objetivo se orienta a seleccionar un curso de acción que dadas las condiciones imperantes, logre un resultado congruente con la realidad. Las normas ideales que nadie—o unos pocos—pueden  cumplir, no deberían tener cabida en la construcción de una sociedad con valores democráticos.
·      Los pequeños mineros son todos un conjunto de insensatos transgresores que debemos erradicar, aplicando la fuerza de la ley.

Aparentemente, esta última perspectiva es la que ha adoptado el gobierno actual (2015) para impulsar las interdicciones a una parte importante de la pequeña minería.
Si la informalidad surge como remedio para curar la falta de oportunidades, el desempleo y la pobreza que nacen, a su vez, de la incapacidad de cumplir con dispositivos legales  alejados de la realidad, se impone realizar una revisión integral del Estado de Derecho aplicable a esta realidad, que en la práctica solo estaría profundizando las dolorosas desigualdades humanas. Es urgente hacer las correcciones necesarias al marco legal vigente para ir avanzando en el duro camino de la integración económica, cultural y social que requerimos.
Luego del fracaso económico del oncenio militar (1968-1979) en que el Estado pretendió ignorar las reglas del mercado, se ingresó a un modelo esencialmente privatista, minimizando los roles de fiscalización y de promoción del Estado. Con una débil fiscalización se propició el caos ambiental que azota al país en todo orden de cosas, y no solamente en el sector minero, como se pretende subrayar.  Las medidas reivindicativas de la población andina y amazónica—alimentadas por normas forasteras que desconocen el devenir histórico y las aptitudes y actitudes locales—ponen en riesgo la misma supervivencia del modelo, por lo que las medidas correctivas de formalización deberían ser analizadas con urgencia, empezando por los aspectos técnicos de reservas geológicas, minería, metalurgia, y los de asociación empresarial.

8. DIFICULTADES DE LA ACTIVIDAD MINERA  DEL PRESENTE (2015)

Los problemas que actualmente agobian a la actividad minera son primordialmente dos:
Proyectos mineros de interés nacional pertenecientes a la Gran Minería trabados en su desarrollo. Estos proyectos deberían generar la riqueza necesaria para poder seguir aspirando a vencer los problemas sustantivos de la nación y superar la débil institucionalidad que se traduce en una frágil gobernabilidad.
Minería Informal, que en verdad es una pequeña minería que—por diferentes razones—se desempeña en niveles precarios de eficiencia económica, ambiental y social.
Ambos problemas requieren un profundo y esclarecedor análisis de la normatividad vigente, ya que no se estaría avanzando en su solución.

9. PROPUESTAS DE CARÁCTER  GENERAL

Estos problemas tienen su origen en una sumatoria de medidas que atentan contra la urgente simplificación administrativa, por lo que a continuación se propone los siguientes cambios de carácter general:

9.1. Integración de todas las instituciones dedicadas a conocer e investigar las características del territorio, empezando por el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Aerofotográfico Nacional, el Ingemmet (Geología), el Instituto Geofísico del Perú, el Conida, el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto de Investigaciones Agrarias, etc,  con el objeto de compartir información y desplazar las fronteras sociales del conocimiento. Este tratamiento holístico de toda la información necesaria para desarrollar el primer análisis de todo proyecto productivo o de infraestructura, permitirá dinamizar la actividad empresarial de diversos sectores y magnitudes. Para facilitar este quehacer público de “Conquista del territorio peruano por los peruanos” se prescindirá de todas las exclusiones que entorpezcan las actividades de investigación territorial de los organismos públicos encargados.

 9.2. Institucionalizar las auditorías técnicas en todos los organismos públicos, con el objeto de garantizar la estricta correspondencia de valor entre lo gastado y lo producido. Es común realizar auditorias para evaluar los gastos, pero no es común realizar auditorias orientadas a los resultados. La sociedad debe interesarse no solamente en pedir cuentas claras, sino también debe interesarse en conocer si los organismos públicos están cumpliendo eficientemente con el fin para el que fueron creados.  No existe mayor dispendio del siempre insuficiente dinero público que gastarlo frívolamente. Es imprescindible crear un organismo dedicado a velar por el buen uso del dinero público, luchando contra la corrupción y las inversiones estériles. Para crecer no basta generar riqueza, sino aprender a gastar bien. A diferencia del sector privado, en los que el rendimiento financiero es determinante, en el sector público debe buscarse adicionalmente las inversiones que acrecienten moderadamente el patrimonio humano y social. El cuidado de la salud, la educación, la prevención, la organización, la eficiencia, la disuasión constituyen bienes públicos intangibles imprescindibles para intentar el despegue económico. Seres humanos sanos, talentosos y bien intencionados siempre serán capaces de superar las adversidades.

 9.3. Normar que en los procedimientos de la administración pública, incluyendo los órganos de control, predomine el principio de presunción de veracidad, con declaraciones juradas que faciliten las fiscalizaciones posteriores y permitan determinar las posibles falsedades y sus correspondientes sanciones.

9.4. Institucionalizar el “silencio positivo” de tal manera de reducir la duración burocrática de las tramitaciones (el clásico “Vuelva Ud. Mañana”).

9.5. Institucionalizar la libertad de información jerárquica (whistleblowing), como medida aséptica para identificar las socavadas intrigas de descomposición organizacional y evitar las acostumbradas represalias administrativas de los órganos superiores indulgentes.

9.6. Institucionalizar la transparencia informativa, hasta el extremo de perder el derecho a mantener en reserva aspectos de la vida privada, e inclusive eliminar las oficinas “privadas”,  popularizando las puertas de vidrio en todo organismo del sector público.

 10. PROPUESTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO MINERO

Se propone también los siguientes cambios de carácter específico en el sector minero:

10.1. Considerando que todos los seres humanos tienen un legítimo interés de prosperidad, representado por mejorar sus condiciones de vida en su alimentación, vestido, techo y empleo, y el desarrollo tiene por finalidad satisfacer dichas necesidades y aspiraciones humanas, es imperativo materializar  los conceptos modernos del “Desarrollo Sostenible” que aspira a satisfacer todas estas necesidades y aspiraciones aumentando la capacidad productiva en forma equitativa para todos. En este proceso el desarrollo impacta inexorablemente en el ambiente, por lo que el nuevo modelo de “Desarrollo Sostenible” demanda que las instituciones cambien para que la explotación de los recursos naturales, las inversiones y la tecnología se orienten a potenciar armónicamente la capacidad presente y futura de satisfacer estas necesidades humanas con el mínimo de efecto negativo a terceros, incluyendo las futuras generaciones.

La prosperidad ha dependido siempre del ingenio humano y en la capacidad de acciones colectivas para hacerle frente a los retos de progreso y cuidado ambiental. Estos retos no son independientes y deben siempre encararse en forma conjunta. El desarrollo no puede darse en un medio ambiente deteriorado y el ambiente no puede florecer cuando el desarrollo lo ignora y lo destruye. Estos problemas no deben tratarse con normas e instituciones fragmentadas e independientes, ya que tienen un  íntimo nexo de causa y efecto. 

Por esta razón, se recomienda considerar la fusión del Ministerio de Minas y el Ministerio del Ambiente en un a sola entidad: el Ministerio de Desarrollo Sostenible, MINDESO, que sería la institución encargada de proteger el medio ambiente y de promover el desarrollo productivo, integrando y conciliando los procesos normativos y de toma de decisiones que permitan superar las radicales y exaltadas diferencias contemporáneas. La economía no es solamente la generación de riqueza y la ecología no es solamente la protección de la naturaleza. Ambas disciplinas son igualmente relevantes para mejorar la calidad de vida de la nación.

10.2. Conformación en la Dirección General de Minería del Viceministerio de Minas (propuesta futura del Ministerio de Desarrollo Sostenible) de una autoridad minera robusta y dinámica que tenga una organización matricial. En esta matriz, los campos horizontales serían ocupados por los tres sujetos mineros en actividad, como son la gran minería y la pequeña minería formal que deben adoptar el desarrollo sustentable como objetivo, y la pequeña minería informal que debe tener como objetivo su creciente conversión acelerada hacia la formalidad, asistida por los organismos públicos—existentes o por crearse—para llenar los nuevos requisitos empresariales, técnicos y legales que deben cumplirse gradualmente en concordancia con la realidad y los objetivos sustentables. Los campos verticales de la matriz serian ocupados por el ejercicio de las cuatro tareas públicas que deben ser ejecutadas con eficiencia tales como la autorización minera representada por la concesión o el contrato, la promoción, los permisos y la fiscalización, de las cinco etapas empresariales mineras, que son la  exploración, el desarrollo, la construcción, la producción y el cierre, tal como se muestra en la Lámina No.1.

10.3. Con el objetivo de impulsar y consolidar la exploración minera se propone dividirla en Invasiva y No Invasiva. La No Invasiva incluye todas las actividades previas a la perforación o los trabajos de subsuelo,  y debe ser libre, con obligación de compensar a los propietarios del terreno superficial. La Exploración Invasiva incluye desde la perforación y trabajos de subsuelo hasta la cubicación de reservas,  y debe contar con acuerdo previo del propietario del terreno superficial. 

10.4. Dividir los Estudios de Impacto Ambiental, EIAs, en dos grandes partes. La primera, de responsabilidad pública, referida al estudio de los ecosistemas del área del proyecto, que será de máxima utilización en los planes de ordenamiento territorial; y la segunda, de responsabilidad privada, referida a la identificación y tratamiento que tendrán los residuos—sólidos, líquidos y gaseosos—de los procesos productivos a ser implementados. 

10.5. Considerando que la diversidad productiva es un concepto firme que debe ser viabilizado, se propone promover la diversidad en el campo de la industrialización metálica con una primera etapa de profunda investigación practica de la Tabla Periódica, de tal manera de difundir las propiedades físicas y químicas de los elementos considerados. Este programa inicial de investigación metálica puede realizarse robusteciendo el área metalúrgica de Ingemmet. 

10.6.     El futuro Viceministerio de Minas debería contar también con dos instituciones públicas que se complementarán para fortalecer su misión rectora del desarrollo minero. La primera dedicada al otorgamiento de títulos de concesión y a la fiscalización en higiene, y seguridad minera, que debe volver a la competencia del sector por ser una actividad de conocimiento especializado minero. Y la segunda, dedicada a fortalecer el rol de promoción minera que es una función divulgadora del conocimiento e investigación minera. En esta tarea se puede destacar las siguientes actividades:

10.6.1.    Levantamiento aeromagnético de todo el territorio, para complementar el mapa geológico del territorio.
10.6.2.    Estudio e identificación de las aguas subterráneas en todo el territorio.
10.6.3.   Promoción de la formalización minera mediante la realización de estudios geológicos, químicos, mineralógicos, de producción minera, metalúrgicos, hidrogeológicos, energéticos y de tratamiento de residuos mineros.
10.6.4.    Economía del ciclo minero a nivel global, especialmente el ciclo de los precios de los metales,  y su influencia en el desarrollo nacional y regional. 
10.6.5.    Liderando el fortalecimiento de la gobernabilidad local en el ámbito de influencia de los proyectos mineros, mediante la coordinación con otros sectores públicos en el estudio y obras de desarrollo local—tangible e intangible—como las comunicaciones, urbanismo, transporte, educación, salud, defensa, y orden público.
10.6.6.    Liderando al sector privado empresarial en las actividades de inclusión social en los proyectos y operaciones mineras, tales como: 
- los encadenamientos productivos presentes y potenciales, 
- la capacitación y entrenamiento tendiente a reducir la tasa de desempleo juvenil local. 
- Las actividades que impulsen la igualdad de género
- La creación y divulgación del cuidado y nutrición infantil.

10.7.  En el problema que enfrentan las empresas multinacionales con las comunidades de su entorno, es necesario comprender la causa histórica y social del indio nativo habitualmente sometido y embaucado tanto por foráneos como por allegados. Tal como se reseña en el capitulo seis sobre las Comunidades, su integración al estado de derecho moderno es un problema de política de gobierno que requiere la articulación de una inédita estrategia público privada que tiene dos etapas: la etapa de prevención y la de intervención. 

La prevención conlleva una persuasión educativa inicial que desarraigue o modifique usos y costumbres incompatibles con la modernidad y el desarrollo.  En este contexto, es fundamental aumentar sustantivamente la inversión pública en el cuidado de la salubridad y la educación de la célula social que es la familia (gestantes, infantes y tercera edad) y en la preparación para el trabajo productivo de los jóvenes. El trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado permitirá demostrar a los optimistas los sustantivos beneficios que brinda la modernidad tecnológica al bienestar general. 

Por otro lado, la conspicua presencia de las organizaciones encargadas de ejercer justicia (Ministerio Publico, Fiscalía, Contraloría, etc), las fuerzas del orden y aún las fuerzas armadas, son necesarias para desanimar la conspiración de los escépticos.  Esta presencia disuasiva fortalecerá las actividades sociales de integración.

Si a pesar de estas maniobras preventivas ocurre, como suele suceder, que algunos obstinados intenten realizar reclamos violentos, la sociedad debe estar preparada para defenderse. La policía nacional debe estar entrenada y  dispuesta para la acción con equipos, instalaciones y efectivos debidamente entrenados para hacer prevalecer la ley y el orden. La Lámina No.2 muestra un esquema de la estrategia descrita.

Estas actividades deben ser lideradas por el Estado y apoyadas por el sector privado empresarial. La inclusión social progresiva y pacífica de organizaciones nativas es un reto histórico de la humanidad, que el sector minero público puede conducir exitosamente si es que lo encara con planificación, convicción y sobre todo con determinación política.

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