REFLEXIONES MINERAS (CONTINUACIÓN)

1. LOS RECURSOS MINERALES

Su naturaleza de bienes públicos, determina que su aprovechamiento—dentro del modelo de libre mercado—debe beneficiar a toda la nación. Esta premisa determina un replanteo para  el sector privado y el sector público del siglo 21. Las empresas deben aceptar que sus egresos aumentarán para cuidar el ambiente y compensar a los afectados; y el Estado debe establecer las nuevas “reglas de juego” ambientales y de inclusión social, velando en última instancia por su estricto cumplimiento a nivel nacional. Si el Estado (central, regional, local, comunal) se muestra débil, el caos está “a la vuelta de la esquina”, no solamente en minería, sino en cualquier actividad industrial o doméstica.

El bienestar de la actual civilización humana depende de la utilización de metales, por lo que tenemos que encontrar el camino que permita seguir extrayéndolos. El desarrollo sustentable que concilie los intereses económicos, sociales y ambientales es el camino conceptual a seguir. El desafío es llevar este desarrollo sustentable a la práctica. 

Afortunadamente, existen yacimientos minerales para todos los gustos. Es misión del Estado hacer esta clasificación y ponerla a disposición de las empresas pequeñas, medianas o grandes. La inversión inicial de conocer el territorio es del Estado. Con ese conocimiento, los empresarios no tendrán dudas a la hora de decidir sobre sus inversiones de riesgo. Es misión de las empresas extraer y condensar el conocimiento específico de su interés.

2. LAS NORMAS PÚBLICAS

En una economía de libre mercado existen tres fuerzas que se deben conciliar para obtener normas que consoliden el modelo: el mercado, la tecnología y la política.

El mercado busca la eficiencia en la utilización de los recursos utilizando las fuerzas de la oferta y la demanda (la mano invisible del mercado). Los mercados constituyen el motor de las economías de libre mercado, pero tienden a profundizar las desigualdades porque reconocen el poder de los que más tienen. No debe extrañar entonces que se concluya fácil y erróneamente que las multinacionales deben ser la opción preferida por su poder económico y tecnológico. Si se norma exclusivamente con las normas dictadas por las fuerzas del mercado, los ricos seguirían siendo más ricos y los pobres más pobres, ya que al mercado no le interesan los problemas derivados de la pobreza, la escasa infraestructura, la indigencia educativa o la exigua salud. Se deduce que el mercado no debe tenerse como referencia exclusiva a la hora de estructurar las normas que regulan el comportamiento de los participantes de toda actividad productiva. 

Por otro lado, el mercado es importante porque impulsa el instinto emprendedor e innovador de los empresarios amantes del riesgo. A los que prefieren seguir ejemplos exitosos, o caminos ya recorridos, el Estado debe ayudar a intentar proyectos de mediano riesgo con el objeto de dinamizar el sector empresarial privado. No es posible basar la expansión del modelo, solo en los pocos empresarios innatos y talentosos disponibles, que ciertamente no abundan en las sociedades eminentemente conservadoras del tercer mundo. En estas sociedades, al igual como en las del primer mundo, el Estado tiene un rol promotor empresarial que es fundamental para la consolidación del modelo. Así se comprueba con los trascendentales hallazgos difundidos por el Estado americano que permitieron posteriormente el desarrollo privado del Internet, Google, GPS, NASA, Silicon Valley en USA, Codelco en Chile, y BBC en Gran Bretaña.

La tecnología  busca la eficiencia de los procesos, dinamizándolos y evitando superposiciones y duplicidades. Lamentablemente, el sector público actual ha degradado la tecnología como criterio decisorio,  priorizando desmedidamente los aspectos legales y político-sociales. Sin embargo, no existe mejor guía para definir las estructuras organizacionales de ls maquinarias productivas, que los aspectos técnicos de los procesos misionales, de apoyo, y de evaluación. 

La política (la buena) busca la equidad en la utilización de los recursos y en la distribución de los beneficios. Por eso es que los mercados necesitan las bridas políticas que permitan obtener resultados más equitativos.

Sin dejar de lado el gran aporte económico de las multinacionales, el factor político debe introducir normas que prioricen también el desarrollo de la fuerza empresarial nativa. De este razonamiento nace la norma constitucional que establece promover a la pequeña empresa en todas sus modalidades, por lo que es necesario adoptar una posición política clara sobre la magnitud de la promoción que debe proporcionarse a  este grupo empresarial. Se ha pasado de un nivel máximo que antaño representó la Banca de Fomento, hasta un nivel extremadamente tímido actual, que restringe el crecimiento de prospectos realmente valiosos para la salud económica de la nación. Se percibe que adoptando planes de promoción más intensos, la producción de la pequeña minería puede multiplicarse varias veces en el mediano plazo.

Debido a la limitada cultura crediticia de los países del tercer mundo habrá que dejar de lado inicialmente el apoyo financiero a los pequeños empresarios, concentrándose activamente en combatir las imperfecciones del mercado como son la asimetría de información entre los actores de la actividad (difusión de data territorial), la capacitación y entrenamiento en aspectos operativos y empresariales, y la provisión de servicios (en pruebas metalúrgicas, mecánica de rocas y mecánica de suelos) , ensayos (muestreo y ensayes de propiedades físicas y químicas) y elaboración de estudios (de línea base ambiental, diagramas de flujo balanceados, Impacto ambiental, balance de agua, de factibilidad, etc.).

Un ejemplo disonante es la metalurgia del oro, en la que todos los conocedores saben que es posible adoptar una tecnología limpia sin mercurio ni cianuro, pero que los privados no adoptan industrialmente sin tener todas las variables definidas a nivel de planta piloto (50 -100 tons/dia de mineral de cabeza). Si el Estado—con un espíritu promotor del que actualmente carece—muestra el camino a seguir, muchos de los problemas sociales derivados de una metalurgia trasnochada podrían estar hace tiempo resueltos.

3. LA PROMOCIÓN ESTATAL

 Los empresarios constituyen la esencia del modelo de libre mercado, razón por la cual deben merecer especial preocupación por parte del Estado.  Sin empresarios no hay modelo.  Existen dos clases de empresarios capaces de dinamizar las economías de libre mercado: las grandes empresas multinacionales y los pequeños empresarios locales. Las grandes empresas tienen que ser convenientemente fiscalizadas por su tendencia a replicar la triste historia de la época colonial, y las pequeñas empresas tienen que ser apoyadas para que lleguen a ser competitivas en el intrincado mundo del mercado. Aunque no imposible, el éxito de las pequeñas empresas independientes es de difícil acceso.

La competitividad empresarial se adquiere con tecnología, financiamiento, gestión y carácter para superar los fracasos que son inherentes al éxito empresarial. En general, los ciudadanos tienen diferentes grados de sesgo empresarial. Desde los temerarios natos amantes del riesgo, hasta los que nunca correrán una aventura, por la incertidumbre que la rodea. El Estado debe controlar a los primeros y nutrir a los segundos.  De esta realidad nacen los importantes roles de fiscalización y promoción estatal. A su vez, el Estado puede realizar estos roles con timidez o con audacia, existiendo un punto medio óptimo propio de las circunstancias y el temperamento de los ciudadanos.

Uno de los indicadores importantes de la eficacia gubernamental, lo constituye la cantidad y calidad de sus empresarios, por lo que sustentar y fortalecer la fuerza empresarial o confiar en los empresarios innatos es una cardinal decisión política. En los llamados países emergentes se destaca su refinada política de amparo al crecimiento empresarial nativo, comenzando por la entrega de información básica, seguida de programas de capacitación y concluyendo con el financiamiento de estudios primero, y finalmente de servicios, bienes, y obras.

Un proyecto exitoso por cada diez fracasos es una proporción plausible en el mundo empresarial, por lo que es imprescindible adoptar este criterio al fijar las políticas de apoyo empresarial. Si se teme o se penaliza el fracaso, no hay política de promoción. 

La actividad minera se caracteriza por tener riesgos superiores a otros sectores económicos, por lo que debe concentrarse inicialmente en facilitar la mayor información y capacitación posible a nivel nacional. Será necesario hacer alianzas con Universidades y otras organizaciones del sector minero para ser eficaces en la cobertura de todos los niveles empresariales y laborales. Dependiendo del desempeño de esta primera etapa que debe tener una duración de dos años, se podrá pensar en ingresar a la delicada tarea de participar en la financiación minera.

4. LA PEQUEÑA MINERİA

Existe un significativo grupo de pequeños mineros—más o menos cien mil, que con el factor multiplicador y sus familiares, hacen un aproximado de un millón de peruanos—que dependen de esta actividad económica. 

Como toda pequeña empresa, la pequeña minería es una actividad importante en el desarrollo económico de los países del tercer mundo, en especial de los países exportadores de materias primas (commodities) porque libera el espíritu empresarial, ayuda a superar el desempleo, favorece la conquista del territorio y genera desarrollo nativo, que es simbiótico, a diferencia del desarrollo basado en el capital extranjero, que es parasitario.

Existe una normatividad que regula esta actividad, a la que menos de 1% ha podido acceder. La formalización de los mineros está estancada porque las normas de formalización no tienen en cuenta su realidad. Están diseñadas de tal manera que su cumplimiento es inasequible técnica o financieramente. Si el objetivo no es formalizar, sino retardar su propagación, entonces la orientación es mantener el “statu quo” que puede ser conveniente para unos pocos, pero inconveniente para la mayoría. 

En este déficit de cumplimiento de las normas de formalización caben las siguientes dos posibilidades:

·  Las  normas que se aplican son demasiado exigentes y complicadas, y por lo tanto, habría que revisarlas para llegar a articular una norma que sea simple, respete los derechos de terceros y cuide el ambiente. El objetivo se orienta a seleccionar un curso de acción que dadas las condiciones imperantes, logre un resultado congruente con la realidad. Las normas ideales que nadie—o unos pocos pueden cumplir—no deberían tener cabida en la construcción de una sociedad con valores democráticos.

  ·   Los pequeños mineros son todos un conjunto de insensatos transgresores que debemos erradicar, aplicando la fuerza de la ley.

Aparentemente, esta última perspectiva es la que ha adoptado el gobierno actual (Enero 2015) para impulsar las interdicciones a una parte importante de la pequeña minería.

 Si la informalidad surge como remedio para curar la falta de oportunidades, el desempleo y la pobreza que nacen, a su vez, de la incapacidad de cumplir con dispositivos legales  alejados de la realidad, se impone realizar una revisión integral del sistema conocido como Estado de Derecho, que en la práctica solo estaría profundizando las dolorosas desigualdades humanas. Es urgente hacer las correcciones necesarias al marco legal vigente para ir avanzando en el duro camino de la integración económica, cultural y social que requerimos.

Luego del fracaso económico del oncenio militar (1968-1979) en que el Estado pretendió ignorar las reglas del mercado, se ingresó a un modelo esencialmente privatista, minimizando los roles de fiscalización y de promoción del Estado. Con una débil fiscalización se propició el caos ambiental que azota al país en todo orden de cosas, y no solamente en el sector minero, como se pretende subrayar.  Las medidas reivindicativas de la población andina y amazónica—alimentadas por normas improvisadas o ampulosas, que no atacan las verdaderas causas del problema—ponen en riesgo la misma supervivencia del modelo, por lo que las medidas correctivas deben ser analizadas con urgencia.

5. ALGUNAS DIFICULTADES DE LA ACTIVIDAD MINERA  DEL PRESENTE

Los problemas que actualmente agobian a la actividad minera son primordialmente dos:

• Proyectos mineros de interés nacional pertenecientes a la Gran Minería trabados en su desarrollo. Estos proyectos deberían generar la riqueza necesaria para poder seguir aspirando a vencer los problemas sustantivos de la nación y superar la débil institucionalidad que se traduce en una frágil gobernabilidad.
• Minería Informal, que en verdad es una pequeña minería que—por diferentes razones—no cumple con los requisitos de formalidad.

 Estos problemas tienen su origen en una sumatoria de medidas que atentan contra la simplificación administrativa, por lo que a continuación se propone los siguientes diez cambios:

1. Creación de una autoridad minera robusta y dinámica que tenga una organización matricial. En esta matriz, los campos horizontales serían ocupados por los tres sujetos mineros en actividad, como son la gran minería y la pequeña minería formal que deben adoptar el desarrollo sustentable como objetivo, y la pequeña minería informal que debe tener como objetivo su creciente conversión acelerada hacia la formalidad, asistida por los organismos públicos—existentes o por crearse—para llenar los nuevos requisitos empresariales, técnicos y legales que deben cumplirse gradualmente en concordancia con la realidad y los objetivos sustentables. Los campos verticales de la matriz serian ocupados por el ejercicio de los tres poderes trascendentes de la autoridad minera que son el poder concedente, el de otorgar permisos y el de fiscalizar las cuatro etapas empresariales mineras, que son la  exploración, la construcción, la producción y el cierre.

2. Integración de todas las instituciones dedicadas a conocer e investigar las características del territorio, empezando por el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Aerofotográfico Nacional, el Ingemmet (Geología), el Instituto Geofísico del Perú, el Conida, el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto de Investigaciones Agrarias, etc,  con el objeto de compartir información y desplazar las fronteras sociales del conocimiento. Este tratamiento holístico de toda la información necesaria para desarrollar el primer análisis de todo proyecto productivo o de infraestructura, permitirá dinamizar la actividad empresarial de diversos sectores y magnitudes.

3. Con el objetivo de impulsar y consolidar la exploración minera se propone dividirla en Invasiva y No Invasiva. La No Invasiva incluye todas las actividades previas a la perforación o los trabajos de subsuelo,  y debe ser libre, con obligación de compensar a los propietarios del terreno superficial. La Exploración Invasiva incluye desde la perforación y trabajos de subsuelo hasta la cubicación de reservas,  y debe contar con acuerdo previo del propietario del terreno superficial.

4. Dividir los EIAs en dos grandes partes. La primera, de responsabilidad pública, referida al estudio de los ecosistemas del área del proyecto, que será de máxima utilización en los planes de ordenamiento territorial; y la segunda, de responsabilidad privada, referida a la identificación y tratamiento que tendrán los residuos—sólidos, líquidos y gaseosos—de los procesos productivos a ser implementados. 

5. Considerando que la diversidad productiva es un concepto firme que debe ser viabilizado, se propone promover la diversidad en el campo de la industrialización metálica con una primera etapa de profunda investigación practica de la Tabla Periódica, de tal manera de difundir las propiedades físicas y químicas de los elementos considerados. Este programa inicial de investigación metálica puede realizarse robusteciendo el área metalúrgica de Ingemmet.

6. Institucionalizar las auditorías técnicas en todos los organismos públicos, con el objeto de garantizar la estricta correspondencia de valor entre lo gastado y lo producido.

7. Normar que en los procedimientos de la administración pública, incluyendo los órganos de control, predomine el principio de presunción de veracidad, con declaraciones juradas que faciliten las fiscalizaciones posteriores que determinen las posibles falsedades y sus correspondientes sanciones.

8. Institucionalizar el “silencio positivo” de tal manera de reducir la duración burocrática de las tramitaciones (el clásico “Vuelva Ud. Mañana”).

9. Institucionalizar la libertad de información jerárquica (whistleblowing), de tal forma de evitar las acostumbradas represalias administrativas de los órganos superiores. 

10. Institucionalizar la transparencia informativa, hasta el extremo de perder el derecho a mantener en reserva aspectos de la vida privada, e inclusive eliminar las oficinas “privadas”,  popularizando las puertas de vidrio en todo organismo del sector público.