La concesión minera: Un concepto lúcido para el desarrollo económico del Perú

Hasta 1990 la geopolítica minera no podía ofrecer un sistema de titulación minera confiable a nivel nacional. El sistema estaba descentralizado en 17 oficinas llamadas Jefaturas Regionales en las que cada una se esforzaba por tener un catastro minero. No se podía homogenizar principios y procedimientos. El triángulo de Pothenot, con sus visuales a puntos notables del terreno, era el mejor recurso técnico que se tenía para localizar puntos en el terreno. Las coordenadas se obtenían siguiendo el procedimiento marino del sextante, con observaciones al sol y a las estrellas, que duraban no menos de 24 horas. El resultado eran catastros con superposiciones frecuentes que originaban un sinnúmero de procesos contenciosos entre los mineros.

En estas circunstancias, la inversión en minería era prácticamente nula.

Se tomó plena conciencia que el potencial minero del Perú podía constituirse en cimiento de un despegue económico importante y que la existencia de un procedimiento de titulación minera confuso y extenso no ayudaba a atraer las inversiones que se requerían para buscar y delinear los yacimientos.

Con el objeto de evaluar los recursos minerales del planeta, los norteamericanos habían lanzado sus satélites Landsat con resultados muy favorables. Los sistemas de posicionamiento satelital comenzaron a popularizarse con la invención de los GPS que fueron aumentando gradualmente su precisión y reduciendo su tamaño. En el sector minero público hubo profesionales talentosos que vieron en la tecnología satelital la solución de todos sus problemas de tener un sistema de titulación confiable. Adicionalmente, no se podía continuar con un sistema que permitía que los mineros pusieran sus denuncios mineros de cualquier forma, tamaño y orientación. Si no se cambiaba radicalmente el sistema, las superposiciones iban a continuar a pesar de toda la tecnología satelital que se aplicara. Como primera medida se optó por centralizar todo el procedimiento minero en Lima, transportando todos los expedientes a la oficina del Ministerio de Minas, clasificándolos y procediendo a su tramitación con procedimientos comunes. Para uniformizar la forma de las concesiones que otorgaba el Estado se decidió lotizar todo el Perú en lotes mineros cuadriculados de 100 hectáreas con orientación N-S, resultando 1'200,000 lotes de 1 km x 1km.

Como el sistema requería uniformidad y simpleza geométrica se decidió que este lote con su orientación, forma y tamaño fuera la unidad del sistema. No se permitirían fraccionamientos de ninguna clase. Subsistía el problema del acceso a la superficie que requería el minero para realizar su trabajo de campo, que colisionaba con los recursos naturales y artificiales (infraestructura y construcciones) existentes dentro de los límites del área referencial del derecho minero asignado. Teniendo en cuenta que se trataba fundamentalmente de administrar la propiedad de los yacimientos minerales que se encuentran en el subsuelo, en forma independiente de las normas que regulaban el derecho superficial contenido en el Código Civil; se consideró en el Reglamento de Procedimientos Mineros, artículo 22 del DS No.018-92-EM, lo siguiente:

“En caso de petitorios cuyas cuadrículas comprendan terrenos ocupados por monumentos arqueológicos o históricos, Red Vial Nacional, oleoductos, gasoductos, poliductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional o Instituciones del Estado con fines de investigación científico tecnológico, en el título de concesión correspondiente se indicará la obligación de respetar la integridad de las referidas construcciones e instalaciones”.

Con posterioridad, se han dado normas complementarias referidas a la obligación de los titulares de ser extremadamente cuidadosos de las obras naturales o artificiales existentes en la superficie de sus derechos mineros, a la cual deben acceder previa negociación con el propietario.

Se descarta así la pretendida acusación de aquellos que asumen que los títulos mineros pueden ser “patentes de corzo” para arrasar con cuanto derecho exista en la superficie. Los responsables de diseñar y ejecutar la normatividad minera han prestado siempre especial cuidado en explicar y difundir el “debido proceso” que se debe aplicar para encontrar depósitos minerales desarrollarlos y obtener utilidades empresariales. Estos dispositivos son claves para entender el sistema de titulación minera vigente en la nación peruana.

En definitiva, el título de concesión minera otorgado por el estado peruano, faculta a su titular a realizar trabajos de exploración que le permita aumentar la categoría de su mineral de “potencial” a “probable” y luego a “probado”, para eventualmente explotarlo; siempre y cuando, cumpla con superar dos grandes limitaciones:

Negociar el acceso a la superficie, que está regulado por una normatividad especial que deberá tenerse muy en cuenta. Obtener los permisos correspondientes ante las autoridades competentes que lo faculten inicialmente a explorar, luego a construir, luego a explotar y finalmente a cerrar sus actividades. Se estima que entre los factores que explican el auge actual de las inversiones mineras en el Perú, se tiene la presencia de un robusto sistema de titulación minera, con el que se puede eclipsar al de cualquier otro país. El sistema peruano es seguro, transparente, preciso, muy ágil y respetuoso del derecho de terceros adquiridos con anterioridad.

Algunos indicadores son los siguientes: el valor de la producción minera ha pasado de US$ 3,200M en1993 a US$ 24,000M en el 2010. Los ingresos fiscales provenientes del sector minero han pasado de S/. 200M en 1995 a S/.10,000M en el 2009. Las reservas internacionales pasaron de ser negativas en 1990 a US$ 45,000M en el 2010. Adicionalmente, por su eficacia en controlar desatinos o rentas sórdidas, el sistema peruano hace insustancial las recomendaciones del proyecto “Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas”(EITI, por sus siglas en inglés), auspiciado por algunos organismos internacionales para fiscalizar a servidores públicos del sector minero.

Adecuadamente comprendido por todos los peruanos puede seguir siendo la locomotora de su desarrollo económico. En la actualidad (Año 2010), el Perú no tiene otro sector económico que pueda ofrecer tantas condiciones favorables para impulsar su despegue económico. Ojalá que esta dependencia vaya reduciéndose gradualmente mediante acertadas políticas de desarrollo de los sectores agrícola, industrial, turístico y sobre todo educativo. Las actuales preocupaciones ambientales y sociales que inquietan a la minería del presente, pueden resolverse con una mejor organización de los sistemas de otorgamiento de permisos y de fiscalización minera, que están siendo implementados por otras organizaciones externas al sector minero; y con una creciente comprensión y difusión de las características propias del capitalista minero, que se orientará siempre hacia los países donde el riesgo percibido es menor y las posibles recompensas mayores.